El millonario recorte propuesto al Poder Judicial provocó la movilización de trabajadores a nivel nacional. La medida extingue 13 de los 14 fideicomisos del órgano de gobierno, y los empleados sindicalizados respondieron con un paro de labores, bloqueos viales y el llamado a vestir de blanco en forma de protesta a partir del 16 de octubre.
A las movilizaciones del sindicato se han unido el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C. y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) con el fin de crear un frente común, según señalaron en un comunicado. Además, alistan una protesta en la Cámara de Diputados el 24 de octubre, día que comienza el Parlamento Abierto por el presupuesto de 2024.
A pesar de las protestas en la Cámara de Diputados aprueban en lo general, con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) por un monto de más de 15 mil millones de pesos.
Tras la aprobación del dictamen, inició la discusión de las reservas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirma que la extinción de sus fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 afectará los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Explicó que al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituye, entre otros, la pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
La semana pasada, morena y sus aliados en el Congreso aprobaron en comisiones un recorte por 15.450 millones de pesos para extinguir 13 de los 14 fideicomisos existentes en la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. El proyecto ha sido suscrito por Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y señala que algunos de los fideicomisos fueron creados para pagar bonos, prestaciones y pensiones de jueces, así como apoyos para gasolina y servicios ilimitados de peaje en autopistas para ministros y ministras.
La iniciativa indica que los recursos no son administrados con transparencia hacia el público y solo se distribuyen entre los mandos superiores. “Es absolutamente intolerable que existan prestaciones económicas de privilegio que distingan tan negativamente a un grupo muy reducido de funcionarios respecto del resto de personas que laboran en el propio Poder Judicial, no digamos respecto del resto de la población”, señala el documento.