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Asesinan a Filogonio Martínez, activista ambiental


México se convirtió el año pasado en el país más peligroso para los activistas ambientales al alcanzar el registro de 54 asesinatos, según el informe anual de la organización no gubernamental Global Witness.


El activista Filogonio Martínez Merino fue localizado muerto el miércoles en una remota región del estado sureño de Oaxaca, considerada como una de las más peligrosas para los defensores del ambiente.


El cuerpo de Martínez Merino, quien fue por más de una década un férreo defensor del Río Verde, fue hallado en las cercanías del poblado Piedra Blanca del municipio de Santiago Jamiltepec, estado de Oaxaca, según confirmó a la AP la Fiscalía General estatal, que abrió una investigación por homicidio.


El cuerpo de Martínez Merino no presentaba signos de violencia, según la autopsia, aunque las autoridades estaban esperando otras evaluaciones para determinar las causas del deceso, precisó la Fiscalía.


Martínez Merino fue comisariado ejidal de Paso de la Reyna de 2008 a 2011 y defensor del Río Verde contra el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina.


Medios locales indicaron que Martínez Merino había solicitado medidas de protección colectivas para la comunidad de Paso de la Reyna luego del asesinato de cinco defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde.


Qué pasa en Río Verde


El 23 de enero – cuando Fidel Heras Cruz, defensor comunitario y ambientalista fue asesinado en el municipio Santiago Jamiltepec en la Costa de Oaxaca y hasta el momento ninguna autoridad ha emitido medidas cautelares para sus familiares y tampoco para los 300 habitantes de Paso de Reyna que defienden el río verde de dos hidroeléctricas, denunciaron integrantes de la organización civil Servicios para una Educación Alternativa, Educa A.C..


La obra que pretende edificar afectaría a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andres Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional, acusaron en días pasados autoridades de Zenzontepec, mismas que informaron que la hidroeléctrica planea hacer uso de 71 hectáreas para la obra y generar 30 mega watts.


La defensoría solicitó a las autoridades federales la información concerniente al proyecto para conocer sus alcances, ya sea beneficios o afectaciones que podría generar, pero también se buscará el acercamiento con las autoridades municipales y comunales de las Santiago Ixtayutla y Santa Cruz Zenzontepec, así como de otras localidades que se encuentren en la zona en cuestión.


Rodríguez Alamilla refirió que el organismo a su cargo no puede permitir que se violenten los derechos humanos de los habitantes de estas comunidades, e incluso advirtió «cuando veamos que a las comunidades no se les está tomando en cuenta lo vamos a señalar como tal, esto debe tener un costo social o político para las instituciones que lo empiecen a hacer».


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