SIGNOS VITALES
Alberto Aguirre
El 28° aniversario del magnicidio en Lomas Taurinas trajo un caudal de revelaciones del caso Colosio. Una causa de interés público, según definió la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, está detrás de la desclasificación de los expedientes de la fiscalía especial que encabezó Miguel Montes.
Las declaraciones rendidas por el entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones; el exjefe de la Oficina de Los Pinos, José María Córdoba Montoya; y los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, ahora están a consulta, en sus versiones públicas, no obstante, las objeciones de la Fiscalía General de la Nación.
“No puedo asegurar, por no tener las bases para hacerlo, que no haya existido en algún momento una conspiración por detrás del atentado”, estableció Salinas de Gortari ante el ministerio público cuando rindió su testimonio en Irlanda.
La hipótesis del asesino solitario ha prevalecido, tras casi tres décadas de suspicacias y múltiples teorías de conspiración que ahora reviven a la luz de las declaraciones de Beltrones Rivera, quien sostuvo que el procurador de Sonora, Wenceslao Cota, le informó sobre amenazas contra el extinto candidato presidencial del PRI en la víspera del mitin en Tijuana, aquel fatídico lunes.
Conocer la verdad es la motivación de los solicitantes —académicos y periodistas— de acceso al Caso Colosio. El INAI, a través de distintas resoluciones, entregó las fojas. ¿Y los derechos de las víctimas? Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la divulgación del expediente pone en riesgo las indagatorias, luego de que fuera reabierto el caso.
En un inusual pronunciamiento, ese órgano autónomo cuestionó la imparcialidad de las resoluciones del pleno de comisionados. “A través del INAI se ha estado pretendiendo que la CNDH dé cuenta del elemento de prueba que sería clave en la apertura de una investigación de los hechos sucedidos el 23 de marzo de 1994”, denunció.
Entre el acceso a la información y la defensa de los derechos humanos... ¿los intereses de grupo y la promoción personalizada? La CNDH se quejó del “doble rasero” del INAI, que bajo el pretexto del derecho a saber busca abrir el expediente del caso Colosio “pero se niega a dar a conocer los bienes y el origen de la riqueza de algunas personas”, en alusión directísima al periodista Carlos Loret de Mola.
¿Derecho a la información versus derecho a la intimidad? Para la CNDH, resulta incorrecto entregar información a terceros que puede exponer la integridad de las víctimas, más allá de la relevancia pública y política del caso.
Las torturas infringidas a Mario Aburto Martínez hace 28 años presuntamente por funcionarios públicos para obtener su confesión sustentan la Recomendación emitida por la CNDH para que el caso sea reabierto por la fiscalía. Ahora se escuchan voces que sostienen que no hay evidencia contundente que compruebe su responsabilidad en el magnicidio. La CNDH está decidida a dar la batalla legal para evitar que el INAI divulgue el expediente del caso Colosio.
Efectos secundarios
REVISIONES. El presunto desvío de recursos para las Broncofirmas sustentaron la acción penal contra el exgobernador de Nuevo León y excandidato presidencial, aunque su sanción es jurisdicción federal. Pero solo es la punta del iceberg, sostuvo el gobernador Samuel García. Y es que al menos otras dos indagatorias en instancia locales contra Jaime Heliodoro N están en curso... más las que se acumulen. Indicios de una trama de corrupción están en los contratos asignados Telecomunicaciones y Servicios del Norte (TSN), empresa que recibió más de 4,000 millones en las últimas dos décadas de anteriores administraciones estatales y a la que se le atribuye haber cometido desfalcos e incumplimientos. Uno de ellos —se presume— apunta a los sistemas de radiocomunicación que brindó, como distribuidor exclusivo de Motorola Solutions.