La Corte Suprema de Estados Unidos indicó el viernes que decidirá si bloquea o no una demanda de 10.000 millones de dólares presentada por México contra los principales fabricantes estadounidenses de armas, a los que acusa de que sus prácticas comerciales han contribuido a provocar gran parte del derramamiento de sangre en territorio mexicano.
Los fabricantes de armas solicitaron a los jueces que anularan un fallo del tribunal de apelaciones que permitió el avance de la demanda, a pesar de las amplias protecciones legales con las que cuenta la industria de las armas de fuego.
Desde entonces, un juez federal desestimó la mayor parte de la demanda por otros motivos legales, pero México podría apelar esa decisión. El gobierno mexicano afirma que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de contrabando a México, y que decidieron aprovechar ese mercado. El gobierno calcula que 70% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos.
Entre los acusados están grandes fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. Afirman que México no ha demostrado que la industria haya obrado intencionadamente para permitir que las armas sean usadas por los cárteles y que trata de “acosar” a los fabricantes para que adopten medidas de control de armas.
Presentada originalmente en 2021, la demanda fue rechazada inicialmente por un tribunal de distrito, que mencionó las protecciones legales de los fabricantes contra los daños resultantes del uso delictivo de las armas de fuego.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del 1er Circuito revivió el caso según una excepción a esa ley. Los fabricantes de armas apelaron esa decisión ante la Corte Suprema, argumentando que han seguido prácticas legítimas y que el caso no tiene nada que hacer en los tribunales estadounidenses.
En agosto, el juez federal de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, desestimó nuevamente el caso contra seis de las ocho empresas, argumentado que el gobierno mexicano no había proporcionado pruebas concretas de que las actividades de cualquiera de esas empresas en Massachusetts estuvieran relacionadas con algún sufrimiento causado en México por las armas.
Aun así, dado que algunas acusaciones se mantienen y que es posible apelar, los fabricantes de armas argumentan que el fallo del 1er Circuito podría cernirse sobre industria durante años si se permite su permanencia.
AP
Contrabando de armas en la frontera
El 13 de marzo de 2011, el Senado de México declaró ilegal permitir el envío de armas desde Estados Unidos hacia México.
De acuerdo con las estimaciones más cautelosas, en México circulan ilegalmente alrededor de 17 millones de armas, la mayoría provenientes de Estados Unidos.
La frontera entre ambos países refleja dos enfoques completamente diferentes en la regulación del acceso a armas. En 2023, Estados Unidos contaba con 77,813 puntos de venta legales de armas, un número que se compara con la suma de todos los locales de McDonald's, Burger King, Subway y Wendy's, o equivalente a cuatro veces y media la cantidad de cafeterías Starbucks en el país. En contraste, en México existen únicamente dos centros autorizados para la venta legal de armas, ambos bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
En algunos estados del norte de Estados Unidos, basta con pasar una verificación rápida de antecedentes y tener al menos 18 años para comprar múltiples rifles de asalto. En México, SEDENA impone procedimientos rigurosos y complejos para adquirir legalmente un revólver de bajo calibre. Sin embargo, fuera del control estatal, a través de WhatsApp o pequeños traficantes, un comprador interesado puede conseguir un AK-47, conocido en México como "cuerno de chivo", en cuestión de horas. Todo depende de encontrar alguna de las 17 millones de armas que circulan ilegalmente en el país.
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