Por Manuel Ajenjo
Cuando desempeñó su primer trabajo, por los años sesentas, el patrón lo inscribió en el Servicio de Atención Tributaria (SAT). Le descontaban de su sueldo la parte correspondiente a los impuestos. Llegó un momento en el que el contribuyente X aceptó trabajos por fuera de la oficina que lo tenía contratado. Trabajos llamados free lance, cuya remuneración causaba impuestos que se pagaban mediante timbres comprados en las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Los timbres fiscales, constaban de dos partesdesprendibles, una de ellas quedaba pegada al recibo original que el causante entregaba a la persona física o moral que le pagaba y la otra quedaba adherida a la copia que éste guardaba; por medio de los timbres se pagaba de impuesto el 10% de la cantidad devengada.
Al paso de los años, nuestro protagonista se dedicó a servir a varios amos —aunque con más de alguno quedara mal— es decir dejó su empleo de planta —se salió de la maceta— y amplió su servicios de free lance, lo cual tenía sus ventajas, trabajaba a la hora más cómoda, escogía los trabajos mejor pagados; también tenía una desventaja, en una de las tantas Misceláneas Fiscales, resultó que ya no se pagaban impuestos con timbres fiscales. Ahora había que entregar un recibo para cobrar y guardar un talón especificando la cantidad cobrada y a quien se le cobró. Al principio los recibos eran iguales para todos los honoristas —tal era la calificación hacendaria— de tal forma, que podía uno pedirle un recibo a un compañero. Eso sí, comenzó la detestable costumbre de hacer declaraciones al SAT, pedir facturas por los servicios y productos comprados y, por ende, la contratación de un contador que inmisericorde le decía al contribuyente de las pocas compras que podía deducir de lo cobrado.
Las Misceláneas Fiscales siguieron transformándose sin piedad para el causante que ahora tuvo que reinscribirse en el SAT para tener una homoclave —un agregado único a su registro. También tuvo que mandar a hacer recibos personalizados, siguió pidiendo facturas por lo pagado, pero ahora con su nombre y otros datos lo que aprovecharon algunos comerciantes para pedirle al atribulado contribuyente una certificación de inscripción en el SAT con su homoclave sin la cual no emitían factura alguna. Los causantes se acostumbraron a traer esos datos en una mini-copia fotostática en la cartera.
Fue entonces que entró en vigor la facturación vía Internet; una tribulación más para el contribuyente X. Ahora al pedir una factura le decían que ésta la debería de sacar en línea y le asignaban una dirección electrónica; esto obligó a los causantes a computarizarse para contactar la página y poder facturar y a trabajar horas extras —chin goce de sueldo— tratando de hacerlo. No faltaban —o faltan— las páginas de supuesta facturación, que están en restauración, son inaccesibles o, simplemente, no existen.
Algunos comerciantes, no todos, entraron en razón y sin más comenzaron a ser ellos quienes mandaban, vía Internet, las facturas solicitadas. Al contribuyente X le tocó pelear varias veces exigiendo el envío de éstas, ante, el disimulo y el extrañamiento de otros contribuyentes cobardes.
Así llegamos a la facturación actual: la 4.0 que, para beneplácito de los contadores, obliga a los contribuyentes a entregar a la empresa o persona que le va a pagar una constancia de situación fiscal con su actividad económica y el régimen en el cual está dado de alta. Esto me parece un requisito lógico. Lo que me parece absurdo es que ahora para pedir la factura también tengan los causantes que mostrar al vendedor su constancia de situación fiscal, con la amenaza que de no hacerlo no le emitirán la factura. Es decir el contribuyente X debe mostrar su situación fiscal al que le paga y al que le cobra; y en algunos casos, éste, cumplidos los exigentes requisitos no envía la factura. ¿Adónde y con quién acude el contribuyente X para quejarse?