El Senado aprueba en lo general que la Sedena tenga control de la Guardia Nacional
Naciones Unidas, han insistido durante más de una década de los peligros de la militarización de las labores policiales
El dictamen establece que la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá el control operativo y administrativo de la corporación y que el general secretario de la Defensa estará a la cabeza en la jerarquía de su estructura de mando.
Mientras el Senado debatía el jueves la incorporación definitiva de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, que quedó aprobada pasada la medianoche, una familia pedía justicia por la muerte de una niña de 4 años presuntamente bajo fuego del ejército, en el ejemplo más reciente de las consecuencias de tener a los militares en labores de seguridad en México.
La pequeña, Heidi Mariana Pérez Rodríguez, se sintió mal el 31 de agosto por la noche y una familiar, Griselda Zamora, optó por llevarla a ella y a su hermano de 7 años a un hospital de Nuevo Laredo, una ciudad del noreste de la frontera mexicana con una gran actividad del crimen organizado.
Poco antes de llegar, el vehículo en el que iban fue tiroteado. La pequeña quedó bañada en sangre. Al centro sanitario, donde su madre trabajaba esa noche, ya llegó sin vida.
Según el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se trató de un enfrentamiento entre militares y una banda criminal en el que “se asesinó a una niña en la balacera”. El mandatario dijo el lunes que la Secretaría de la Defensa ya investigaba el caso.
Pero el activista Raymundo Ramos, que ofreció el jueves una conferencia de prensa en la Ciudad de México junto a la familia de la niña y sus abogados, apuntó que “en ese lugar no hubo un enfrentamiento” porque no hay impactos de bala en fachadas u otros vehículos, ni videos ni otras evidencias de una persecución o tiroteo.
La mujer que manejaba el coche solo vio que una patrulla de militares cortaba la calle en un cruce y, al girar allí, escuchó los disparos a sus espaldas. Poco después, el niño alertó que su hermana estaba herida, contó Ramos.
El abogado Edgar Netro agregó que las balas impactaron en el techo y en el vidrio trasero del vehículo.
Este tipo de situaciones, en las que las fuerzas de seguridad disparan a civiles, incluyendo niños y adolescentes, por error o al quedar en medio de un fuego cruzado, han sido relativamente habituales en México en los últimos 15 años. También los casos de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Naciones Unidas, han insistido durante más de una década de los peligros de la militarización de las labores policiales porque, según dicen, las fuerzas armadas no están entrenadas para esos fines y no tienen sistemas de rendición de cuentas adecuados en casos de abusos, con lo que si comenten algún crimen suele imperar la impunidad.
Sin embargo, el gobierno actual ha decidido mantener a los militares en esas tareas, tanto con la ley que quedó definitivamente aprobada el jueves como con su intención de prolongar la labor de las fuerzas armadas en seguridad pública más allá de 2024, como establece la Constitución ahora.
A pocas calles de donde la familia de Heidi pedía justicia y denunciaba la falta de atención por parte de las instituciones oficiales, el Senado guardó un minuto de silencio por la niña pero después sacó adelante la propuesta del ejecutivo que traslada el mando formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, es decir, al jefe del Ejército.
Esta semana, López Obrador reiteró que el caso de Heidi “es la excepción, no es la regla” porque el Ejército tiene una actuación “responsable”.
Pero las investigaciones contra militares suelen perpetuarse sin respuesta, pese a los llamamientos sociales, y en algunos casos han llegado a instancias internacionales ante la inacción de la justicia en México.
AP