A cada ciudadano mexicano, le cuesta $500 pesos más al año defender los derechos humanos que el gobierno incumple en darle. El costo de las "mordidas" en 2022 fue de 9,500 millones de pesos.
En México, algunos aseguran que la corrupción es inherente a la sociedad, afirmando que se trata de una cuestión cultural; otros sostienen que es un problema del Estado de derecho y del cumplimiento de las leyes. Lo cierto es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que aquejan a nuestra sociedad.
Incluso, hay un sector de la población que ve la corrupción como un método para salir adelante, dado que el sistema está "trucado". A la mayoría no le interesa que se castiguen los actos menores de corrupción cometidos por los ciudadanos; la corrupción que preocupa es la de mayor escala, la que involucra a políticos y empresarios, a aquellos con poder. La corrupción menos tolerable es la que desvía fondos públicos, evade impuestos empresariales o socava el sistema de justicia. La que ofrece algún beneficio al mexicano común y corriente es la "mordida".
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el 88.8% de la población considera que la corrupción ocurre frecuentemente o muy frecuentemente entre servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos como abusivos de sus funciones para obtener beneficios personales. La mitad de la población mayor de 18 años considera que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus estados, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
¿Cuánto cuesta la corrupción en México?
El Banco Mundial estima que la corrupción representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, el INEGI calculó que el costo de las "mordidas" en 2022 fue de 9,500 millones de pesos, con un promedio por mordida de $3,044 pesos. Aunque esta cifra es significativa, no es suficiente para entender completamente un problema tan complejo. Para tener una mejor estimación, es importante conocer lo que la población dice sobre sus experiencias.
De los encuestados, el 9.4% respondió que en el último año tuvo que dar una mordida. En promedio, ese 9% dio 2.5 mordidas al año, con un costo promedio estimado de $1,873. Dado que cada víctima da más de una mordida, se calcula que en total se dan 23 millones de mordidas al año en el país, lo que representa un gasto total de 43 mil millones de pesos, cinco veces más de lo estimado por el INEGI.
La corrupción como traición a la comunidad
La corrupción es una de las mayores traiciones que puede sufrir una comunidad. Al desviar los recursos públicos y manipular las leyes en beneficio personal o de unos pocos, quienes practican la corrupción fallan en su deber hacia la sociedad, atentando directamente contra el bienestar y la confianza del pueblo. En este sentido, la corrupción no solo es un acto ilegal; es un acto profundamente inmoral que destruye el tejido social y la esperanza en un futuro justo.
En una sociedad organizada, la comunidad deposita su confianza en las autoridades y en los organismos públicos para administrar y dirigir los recursos de manera que se garantice el acceso a servicios esenciales: educación, salud, justicia y seguridad, entre otros. Cuando estas instituciones se ven comprometidas por la corrupción, el daño es múltiple y profundo. Por un lado, se produce un vacío en el cumplimiento de las funciones públicas, que se refleja en una disminución de la calidad de vida. Por otro, la sociedad se fragmenta y empieza a desarrollar una relación de desconfianza y cinismo hacia las autoridades.
La corrupción impacta a toda la sociedad, pero afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, cuando un funcionario desvía fondos destinados a la construcción de hospitales o escuelas, los afectados directos son aquellos que ya se encuentran en una situación precaria y dependen de los servicios públicos para subsistir. Este tipo de acciones crean un círculo de pobreza y exclusión, en el cual las oportunidades de crecimiento y desarrollo son cada vez menores para aquellos que se encuentran en la base de la pirámide social. Así, la corrupción es también un mecanismo de perpetuación de la desigualdad.
Al analizar el efecto de la corrupción en el tejido social, se observa que una sociedad corrupta va perdiendo poco a poco la cohesión, la solidaridad y la confianza. Los valores que sostienen una comunidad —como la justicia, la equidad y la responsabilidad— se erosionan, dando paso al egoísmo, la desconfianza y la indiferencia. Cuando las personas sienten que no pueden confiar en sus instituciones o en quienes las representan, se vuelven apáticas y desmotivadas, lo que hace que se retiren de la vida cívica y participativa. Esto es especialmente dañino en una democracia, donde la participación de los ciudadanos es esencial para mantener el equilibrio de poder y la legitimidad de las instituciones.
La corrupción también es un acto de traición intergeneracional. Las decisiones corruptas que se toman hoy condicionan el futuro de las siguientes generaciones, que heredarán instituciones débiles, recursos agotados y una desconfianza instalada hacia las autoridades. Este tipo de herencia crea un obstáculo para el desarrollo y la prosperidad de los pueblos, pues será necesario reconstruir una ética social y cívica desde los cimientos.
Para combatir la corrupción y sanar la traición que representa para la comunidad, es necesario no solo aplicar leyes y castigos, sino también fomentar una cultura de integridad. Esto implica educar en valores y crear sistemas que premien la honestidad y sancionen las malas prácticas. Es indispensable que las instituciones sean transparentes y que rindan cuentas a los ciudadanos, quienes deben ejercer su derecho a la vigilancia y la crítica.
En México, la corrupción es un acto de traición, ya que debilita el tejido social y atenta contra el bienestar de la comunidad. Cuando un funcionario público o una empresa privada desvía recursos, manipula procesos, o actúa en favor de intereses personales, no solo afecta la eficiencia y transparencia del gobierno, sino que también priva a la sociedad de recursos vitales.
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