Una explosión frente a la Fiscalía General de México el jueves causó heridas a policías mientras manifestantes se enfrentaban a agentes antimotines durante una protesta previa al aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
Los heridos fueron subidos a ambulancias. En el sitio se podían ver cristales rotos y manchas de sangre.
Miembros de un escuadrón antibombas acordonaron la zona. Un objeto sin detonar que un técnico de explosivos recuperó parecía ser una pequeña bomba casera: un tubo con dos extremos tapados.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que 11 agentes policiales resultaron heridos por metralla y algunos sufrieron contusiones. Ninguno corre peligro de muerte y ya reciben atención en hospitales.
El 26 de septiembre de 2014, la policía de la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, secuestró a 43 estudiantes de una escuela magisterial radical. Supuestamente fueron entregados a una organización de narcotraficantes y nunca más se les volvió a ver. Tres víctimas fueron identificadas posteriormente con base en fragmentos de huesos quemados.
La protesta fue sólo una de una serie de actividades previstas antes del octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes, la cual se conmemora el lunes. Las protestas, en las que participan familiares de los alumnos desaparecidos, suelen ser pacíficas.
La protesta del jueves también comenzó así, con consignas y discursos. La mayoría de los manifestantes subieron a autobuses y se marcharon antes de que un pequeño grupo que se quedó atrás se enfrentara a la policía.
Algunos manifestantes enmascarados lanzaron piedras y petardos a los agentes. Otros pintaron con aerosol los alrededores del edificio para exigir el regreso de los estudiantes desaparecidos.
Los policías se agruparon, agazapados bajo sus escudos de plástico, y se vieron rodeados de humo.
El mes pasado, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que encabeza una comisión de la verdad que investiga el caso, lo calificó de “crimen de Estado” e implicó directamente a militares, entre otros actores, como la policía local y estatal.
El exprocurador general Jesús Murillo Karam, que supervisó la investigación original de la desaparición, fue arrestado el mes pasado bajo cargos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia. La semana pasada, México arrestó al general retirado José Rodríguez Pérez, quien había estado a cargo de la base del ejército en Iguala cuando ocurrieron los secuestros.
Decenas de estudiantes llegaron a la Fiscalía General a bordo de autobuses el jueves por la mañana. Policías con cascos y escudos antimotines formaron varias filas frente a las entradas del inmueble.
El miércoles, activistas pintarrajearon la embajada israelí en la Ciudad de México. El gobierno mexicano ha solicitado a Israel que extradite a Tomás Zerón, otro personaje clave en el caso de los estudiantes desaparecidos.
AP
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