Funcionarios y tuiteros

Por Alberto Aguirre Pasaron casi 30 meses para que los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales regresaron a las sesiones presenciales. La pandemia obligó a la sana distancia y para un amplio sector de la burocracia implicó un engorroso arreglo, con la extensión de plazos para la entrega de documentos y la habilitación de vías remotas para las comunicaciones internas. Para solicitar información a los sujetos obligados está la Plataforma Nacional de Transparencia, la versión “mejorada” del Infomex que se vio obligada dos veces a suspender sus servicios durante la contingencia sanitaria. Apegados a las respuestas directas, muchos ciudadanos recurren a otras formas de contacto con las autoridades. Las redes sociales, con avidez. Y entre ellas, destacadamente Twitter y Facebook, donde servidores públicos y políticos aterrizaron, hace 15 años. Los primeros manuales para el manejo de cuentas para secretarios y dependencias fueron elaborados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, por el equipo de Alejandra Sota Mirafuentes, entonces coordinación de comunicación social de la Presidencia de la República. Una primera propuesta —elaborada por el abogado Peter Bauer— no resultó satisfactoria, por lo que ese trabajo finalmente fue concretado por María Fernanda Vergara. Empezaba la era de la información “en tiempo real”. El Sistema Internet de la Presidencia contemplaba el uso de cuentas institucionales (para las secretarías) y cuentas individuales en ambas redes sociales que permitían a la administración panista “hacer llegar de manera oportuna mensajes clave a un número creciente de ciudadanos, en un formato conversacional, de asimilación sencilla y rápida”. El Presidente y los secretarios abrieron sus cuentas para realizar la crónica de las actividades cotidianas —con la divulgación de la agenda, la difusión de los comunicados y la cobertura de los eventos oficiales— pero sobre todo difundir los logros del gobierno. Los voceros de las secretarías tenían que cumplir con instrucciones precisas. El sexenio peñista quedó marcado por el movimiento #YoSoy132. Las campañas presidenciales habían tenido por primera vez estrategas digitales. Y ya en Los Pinos, Alejandra Lagunes construiría la Estrategia Digital, con Google y Facebook como pilares. Muy poco tiempo pasó para que los influencers fueran desplazados por los Youtuberos con la Cuarta Transformación… Pero una cosa es comunicar y otra, atender el derecho de petición. La ley obliga a un trámite que a menudo se convierte en tortuoso y rebatible, mientras que el Inai no se cansa de presumir las exigencias que impone a los sujetos obligados con sus recursos de reconsideración, pero la información no llega... La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió otra vía, quizá más expedita y directa, con la resolución de la Primera Sala, sobre el amparo en revisión 245/2023 del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito. Una queja presentada contra el ayuntamiento de Guadalajara derivó en esta resolución trascendental. El 11 de febrero del 2011, un particular requirió tres respuestas a través de la cuenta de Twitter del municipio, pero nunca recibió una respuesta. En su defensa, argumentaron que no se trataba de peticiones de carácter formal. Inicialmente, el juez décimo de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo, con residencia en Zapopan, negó el amparo, tras considerar que la autoridad no había previsto institucionalmente y dentro de la normatividad que regula su actuación, a esa plataforma como una opción para dar respuesta a peticiones. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso, en sesión del pasado miércoles 1 de febrero, determina que si una autoridad utiliza Twitter para captar y atender peticiones ciudadanas, está obligada a responderlas.