En medio de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador a las autoridades electorales, las denuncias sobre participación de funcionarios en la campaña y los llamados a boicot de la oposición, los mexicanos irán el domingo a las urnas para participar en el primer referendo revocatorio de mandato presidencial.
Esto aunado a la intensa campaña de morena, rompiendo la veda, de propaganda de consulta de revocación se va que el INE ordenó retirarla en 19 estados:
La Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral remarcó que la ciudadanía está en plena libertad de externar su posición en torno a la consulta del próximo 10 de abril. Sin embargo, estas expresiones deben estar libres de “financiamiento público y de intervenciones partidistas o gubernamentales”.
Bajo este polémico contexto, los mexicanos se estrenarán en un referendo revocatorio impulsado por López Obrador, quien según los analistas buscará revalidar su gestión a la mitad del sexenio para darle un nuevo impulso a su proyecto político de la “Cuarta transformación” y a su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la cara a las elecciones regionales que se realizarán en junio y el próximo año, y las presidenciales de 2024.
Sobre la inédita consulta, en la que se preguntará a los mexicanos si quieren que se revoque el mandato a López Obrador o que continúe hasta el final de su sexenio, no se esperan mayores sorpresas. Con una popularidad presidencial que ronda el 60% y el debilitamiento de la oposición, los analistas ya dan por descontado que la opción de revocatoria de mandato no triunfará. Entre quienes están confiados en que no habrá cambios políticos en México luego de las elecciones del domingo está María Hernández, una ama de casa de 70 años que es beneficiaria de un programa estatal de ayudas económicas a los ancianos, quienes reciben cada dos meses un monto equivalente a 150 dólares.
Pese a la polémica y los llamados a boicot de la oposición, que ha planteado que el referendo implicará el gasto de millones de pesos para un proceso que no genera cambios políticos, Abel Medina, propietario de una pequeña fábrica de tortillas en el centro de la capital, dijo que la votación “servirá para legitimar al presidente. Tenemos un buen presidente diferente a esa gente del pasado que nos enterró vendiendo las compañías estatales, y por eso queremos que siga”.
La única incógnita que ha surgido en torno al referendo es sí habrá o no participación considerable de electores. Algunos analistas apuntan a que los seguidores del gobierno y los beneficiarios del programas estatales podrían acudir masivamente a las urnas para expresar su respaldo al mandatario.
Por el contrario, otros analistas como el académico del Tecnológico de Monterrey, Patricio Morelos, consideró que el desconocimiento que hay sobre la votación y el desinterés del electorado pesarán en la participación. Morelos indicó que el evento electoral podría correr con la misma suerte que el referendo que se realizó en agosto pasado, también promovido por López Obrador, en el que se preguntó a los mexicanos si estaban a favor de que se enjuiciaran a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La consulta tuvo una participación de 7% y no logró el porcentaje mínimo de 40% (unos 37 millones de votantes) exigido por la legislación mexicana para ser vinculante para los poderes públicos.
Esta es la opción a la que está apostando la oposición, que ha llamado a los mexicanos a dejar las urnas vacías el 10 de abril para no avalar la iniciativa de López Obrador. Marcos Aguilar, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) —la principal fuerza opositora mexicana— afirmó que la organización no prevé que en el referendo se alcance una participación del 40% de los electores.
En los meses previos a la consulta se dio una intensa batalla política y legal entre el oficialismo y el INE luego de que la Cámara de Diputados, que controla Morena, le recortó el presupuesto al organismo. El INE suspendió en diciembre el proceso para el referendo alegando que no tenía recursos suficientes pero luego tuvo que reactivarlo tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que le ordenó seguir adelante con la votación. Tras una serie de ajustes, el organismo electoral fijó un presupuesto de cerca de 78,2 millones de dólares para el referendo revocatorio que inicialmente se había estimado que costaría 191,2 millones de dólares.
AP