La iniciativa de AMLO para centralizar compras en la SFP quiere transferir algunas facultades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como controlar gran parte del gasto, con la idea de bajarle a la burocracia y frenar la corrupción, a la Secretaría de la Función Pública (SFP). Aún así, este cambio podría representar, según personas expertas, un posible estancamiento en el manejo del gasto público. Esta iniciativa ya fue enviada a la Cámara de Diputados.
El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé igualmente centralizar en la SFP la política general de contrataciones públicas, con la facultad de participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público, así como coordinar las compras estratégicas.
Adicionalmente se propone que la Función Pública esté facultada para consolidar las contrataciones de bienes y servicios de la Administración Pública Federal cuando de esa consolidación se deriven beneficios y ahorros para las finanzas públicas. La iniciativa recibida a las 15:00 horas en el Palacio de San Lázaro considera asimismo la compactación de los órganos internos de control por sector, materia, especialidad o función específica, sin que exista necesariamente una de esas instancias para cada ente público, como ocurre actualmente.
Expertos en contrataciones públicas, derecho y administración, consultados por el medio Animal Político, coincidieron que las nuevas atribuciones que el presidente sugiere podrían colocar a la Función Pública en un conflicto de intereses o de funciones, pues sería juez y parte a la hora de encargarse de las compras y al mismo tiempo de fiscalización, sumado a otras funciones que actualmente ejerce.
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