En México, el país que inició 2022 de forma más letal con el asesinato de cinco informadores en un mes y medio, está llevando a cabo una revisión del mecanismo en estos momentos. RSF remarcó que faltan recursos y responsabilidades antes las agresiones y los poderosos estigmatizan la violencia. Este mismo martes el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra la prensa que lo critica.
En la última década han sido asesinados 134 periodistas en México, Brasil, Honduras y Colombia y aunque en esos países hay mecanismos para protegerlos, tienen “graves problemas” como su dependencia de “instituciones ineficaces”, falta de recursos o medidas inadecuadas o que se aplican tarde.
Así lo indicó en un informe divulgado el martes la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) titulado “Bajo Riesgo” que analizó los programas de protección en esos cuatro países de América Latina que concentran el 90% de los casos de informadores asesinados en la región entre 2012 y 2021.
Según sus hallazgos, existen “fallos estructurales importantes” que evitan la correcta aplicación de los mecanismos de protección. “Todos ellos dependen de instituciones ineficaces (policía, ejército, justicia); las metodologías de análisis de riesgo no tienen siempre en cuenta las especificidades de la labor periodística; las medidas de protección son inadecuadas o se aplican demasiado tarde; los recursos humanos y financieros son insuficientes”.
Ninguno de los cuatro países tiene en cuenta las particularidades de las mujeres periodistas, extremadamente vulnerables en América Latina, e “ignoran las formas de violencia de género que afectan a las mujeres y a la población LGTBIQ+, así como el impacto que las amenazas y agresiones tienen sobre ellas y sobre sus familias”.
El informe denunció también que los “agentes estatales (policías, políticos, miembros del Poder Judicial, funcionarios y representantes del Estado, en general) se identifican casi siempre como los principales responsables de la violencia contra los periodistas” y que falta coordinación entre los mecanismos de protección y las fiscalías.
AP