Odebrecht en México ¿el eslabón perdido?

Por Alberto Aguirre El pago de tres millones de dólares al abogado pañameno-español Mauricio Cort y García en la recta final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa revive la atención sobre el caso Odebrecht en México. Ese desembolso, a cambio de un estudio de riesgo sobre el funcionamiento de la hidroeléctrica de La Yesca, construida por ICA para la Comisión Federal de Electricidad, terminó en las cuentas de quien entonces era representante de Grupo FCC en América Latina. Dicho consorcio —con dos décadas de operaciones en Panamá y Costa Rica— aterrizó en México de la mano de la constructora brasileña. A finales del 2012, la firma ibérica había entrado en contacto con Grupo Carso. Carlos Slim se convertiría más adelante en su primer accionista. Cort y García —según el diario madrileño El País—habría sido contratado para elaborar el estudio, que habría subrogado a cuatro despachos locales; dos de ellos, de ellos —Marketing Maja y Ramba Consulting— desde el 2015 fueron incluidas en las listas negras del SAT de empresas que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Por su parte, la firma Consultoría, Asesoría y Edificaciones Integrales Rutgal figura una docena de listas de proveedores de distintas instancias gubernamentales, pero su domicilio fiscal —Río Becerra 60, San Pedro de los Pinos— es una pequeña oficina en un edificio de departamentos, mientras que de Internacional Transfer Gamba no hay registros. Por la megaobra de La yesca, según El País, el gobierno mexicano erogó más de 1,000 millones de dólares. Pero el consorcio ibérico estaba enfocado a concretar otras obras en el centro del país, entre las que destacan el acueducto II de Querétaro, para trasladar 50 millones de metros cúbicos de agua a la zona metropolitana de esa urbe, en un recorrido de 108 kilómetros que cruza las cuencas de los ríos Pánuco y Lerma-Chapala. Asociado a ICA, el Grupo FCC participó en la construcción de la autopista verde en Nuevo Necaxa, que incluyó al viaducto de San Marcos —en la Sierra Norte de Puebla— y en el tramo II de la carretera Durango-Mazatlán. Cort y García —nacido en Valencia, España y actualmente con 53 años de edad— fue el representante de Grupo FCCA en América Latina, antes de convertirse en el abogado de los hijos del expresidente panameños, Ricardo Martinelli. A mediados del 2017, al Fiscalía Anticorrupción de Panamá —donde tramitó y obtuvo ciudadanía— inició una investigación por presunto lavado de dinero, que también involucró al exministro de Obras Públicas. Y es que asociada con la empresa brasileña Odebrecht, Grupo FCC obtuvo el contrato para construir las primeras dos líneas del Metro en Panamá. El abogado fue detenido y no obstante que suscribió un acuerdo con la autoridad judicial y pagó una multa, fue nuevamente encarcelado en junio de 2019. De ser encontrado culpable —de acuerdo a la sentencia del Pleno de la Suprema Corte panameña— enfrentaría una pena corporal de cinco años. Sus abogados presentaron sendas quejas ante la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que exigió su inmediata liberación y condenó la arbitraria privación de libertad. En cautiverio, Cort y García fue interrogado por las autoridades españolas, donde también investigan a los directivos de Grupo FCC, que habrían incurrido en peculado y corrupción en su expansión por el Nuevo Continente. Y de acuerdo con la policía de Andorra, estaría en el centro de una trama de pago de sobornos.