Por Alberto Aguirre Fue el último evento que Rabindranath Salazar atendió, como subsecretario de Gobernación, hace cinco meses. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión reanudaba, en Cancún, sus convenciones anuales presenciales después de dos años de pandemia. Los concesionarios de los medios electrónicos invitaron al Ejecutivo federal, pero ni siquiera lograron que Jesús Ramírez Cuevas o Adán Augusto López Hernández acudiera al magno evento. Menos, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, quien ya acusaba problemas de salud. La presencia parlamentaria, en cambio, fue nutrida. Los senadores José Antonio Álvarez Lima (Morena) y Josefina Vázquez Mota (PAN), entre los más buscados.
La Semana de la Radio y la Televisión es un arcaísmo en tiempos de la Cuarta Transformación. Los empresarios del ramo ratificaron el desprecio del nuevo régimen y buscaron sensibilizar a los legisladores sobre su problemática: la pérdida de concesiones, el impago de las contraprestaciones, los apremios económicos por las bajas en la publicidad y la pérdida de audiencias... ¿Una industria al borde de la extinción? Los cierres han afectado incluso a concesionarios de uso público (universidades, principalmente, de uso social comunitario y de uso indígena, exentas de pago de contraprestación. Un rígido marco normativo hace inviable nuevas inversiones y el sostenimiento de las empresas. Sin licitaciones en lo que va del sexenio, la renta de frecuencias y el surgimiento de operadores es la moda. Y es que el artículo 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estipula que el pago de la contraprestación debe ocurrir en una sola exhibición. Los concesionarios habían solicitado cumplir con esa obligación en anualidades, amparados en un convenio. Las gestiones fueron realizadas en la SICT, Hacienda y Gobernación. En respuesta, los empresarios recibieron un ofrecimiento para acceder a créditos para cubrir la contraprestación. Ninguna institución bancaria, empero, otorgó los apoyos.
Hubo quienes dejaron perder sus concesiones, ante la falta de liquidez y, sobre todo, de apoyo de las autoridades. Pocos concesionarios cubrieron sus obligaciones, fuera del plazo determinado por el órgano regulador. Y no recibieron sus títulos de concesión. Otros argumentan que no han recibido las líneas de captura porque el plazo para cumplir con el pago ya expiró.
Una semana antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, los radiodifusores recibieron su regalo de fin de año. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que reforma los artículos 100, 102 y 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que modifica el esquema de pago de las contraprestaciones.
El nuevo esquema propicia “un piso parejo y equitativo entre todos los concesionarios y se traduce en más y mejores opciones para las audiencias de manera gratuita”, sostuvo el diputado panista Luis Mendoza, presidente de la Comisión de Radio y Televisión.
Abonos chiquitos, pero también nuevos criterios para definir el costo de las contraprestaciones. Ahora se tomará en cuenta la población económicamente activa en la zona de influencia y una regla de rentabilidad basada en publicidad. La puerta para una reforma que contemple las condiciones bajo las cuales habrán de operar las estaciones de radio y televisión radiodifundidas en los próximos años quedó abierta.
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