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Propuestas indecorosas

Por Alberto Aguirre La primera vez que Rosa Icela Rodríguez usó la tribuna del Senado de la República fue hace un año, en la Glosa del Tercer Informe del Gobierno. La funcionaria morenista había dejado la secretaría general del gobierno de la Ciudad de México para ocupar la vacante de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo 16 oradores, durante las cinco rondas de preguntas y respuestas que atendió la secretaria, a quien —como ocurrió la semana pasada— acompañaron los titulares de la Semar, la Sedena y la Guardia Nacional. Fue hasta la última de sus intervenciones, sin que hubiera un señalamiento concreto de por medio, que lanzó una frase lapidaria: “No existen compromisos oscuros ni otro tipo de vinculaciones entre el gobierno federal y el crimen organizado”. Los efectos del culiacanazo —octubre del 2019— no se habían mitigado. La estrategia de seguridad había quedado reducida a una frase (“abrazos, no balazos”) que no reflejaba la promoción de la cultura de la paz que Rosa Icela defendió con denuedo desde su llegada al gabinete federal. Las sospechas de nexos ocultos con las bandas criminales habían minado la gestión de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, después de los contactos que su subsecretario, Ricardo Peralta, tuvo con organizadores de autodefensa en Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí y Tamaulipas. El entonces gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca denunció públicamente que criminales confesos se habían aprovechado de la buena fe del subsecretario de Gobernación, aunque en privado refería otra historia más escabrosa, que involucraba a un despacho de abogados asentado en el centro de Coyoacán como enlaces con líderes de organizaciones delictivas, y al empresario regiomontano Sergio Carmona, como intermediario. Difícil saber si esos heraldos estaban autorizados o si actuaron oficiosamente. Y sería esperable que fueran eventuales, en más de un sentido. Ahora, a partir de la reciente y deliberada indiscreción del exdirigente nacional del PAN y excomisionado de Seguridad Privada, Manuel Espino, queda claro que la propuesta de una pax narca ha sido una constante en este sexenio. “No contra ellos, no a pesar de ellos, pero sin ellos… tampoco”, resumió el político duranguense en un foro sobre seguridad pública, “si nos la pasamos jugando a las guerritas, esto no se va a acabar nunca”. Espino —quien hace un año dejó su cargo para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura— también puso en la mesa del entonces recién llegado secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, un escrito que contiene el plan para dialogar con los grupos criminales. Ya lo había propuesto a la secretaria Rosa Icela, hace un año. Fue bateado de manera rotunda, en ambos intentos. Efectos secundarios RELEVOS. Propuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces gobernador de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda fue designado fiscal especializado en combate a la corrupción por el Congreso local, de mayoría panista. El funcionario no aprobó el examen de control y confianza que presentó en el Centro Nacional de Inteligencia, por lo que deberá dejar esa posición. El fiscal general, Irving Barrios Mojica, emplazó a los legisladores tamaulipecos a iniciar el proceso para reemplazarlo. REFUERZOS. Para consolidar su cadena de suministro y ofrecer un mejor servicio para sus clientes, Walmart ha implementado un programa especial de asesoría y capacitaciones para sus proveedores con el que han podido mejorar su desempeño, ampliar su visión y mejorar sus ventas. Desde el 2014, el programa Adopte una Pyme ha beneficiado a más de 350 proveedores, quienes han logrado un crecimiento acumulado de ventas de 33%, a través de la comercialización de poco más de 12,000 artículos.

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