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Salud pública en México ¿un problema de impunidad?

La impunidad en México no sólo está referida a los temas de seguridad, delincuencia y narcotráfico, que en los últimos tiempos ocupan mayormente la atención. Impunidad es toda actuación contraria a la ley que no es sancionada oportúnamente. Se trata de las omisiones o el error en que incurren las instituciones y servidores públicos en el ejercicio de su función, y que no reciben un castigo, dejando a las personas un sentimiento de frustración y desesperanza respecto de la actuación estatal. Esto lleva a un círculo vicioso que parece no encontrar salida, y termina por hacer que se denuncie aún menos la mala actuación pública. Por lo que es imprescindible incentivar una cultura de la denuncia.



En México, tanto la negligencia médica, como la impericia y el dolo no se tipifican como delitos en códigos federales, tanto en materia civil como penal; estos ordenamientos contemplan únicamente la figura de responsabilidad profesional, pero no específicamente en materia de salud.


La falta de disposiciones legales expresas ha generado que la figura jurídica de negligencia médica no exista; es más, nunca ha existido, por lo que legalmente este delito no está tipificado en el país.



Las víctimas que recurren a una demanda civil o a una denuncia penal terminan viviendo procesos largos —incluso de más de 10 años— y revictimizantes, con resultados poco alentadores. Si recurren a instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), descubren que la voluntad de participación del doctor es indispensable para un proceso que solo es conciliatorio. En tanto, a los doctores les basta cambiar de hospital, mientras los órganos colegiados niegan violencias específicas.


En los últimos 10 años, el promedio anual de casos judicializados relacionados con negligencias médicas es de 37 —con un mínimo de 20 en 2012 y 2016, y un máximo de 60 en 2019—, de acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En la mayoría de los casos se trata de demandas civiles, por lo que el resultado suele ser la indemnización, sin sanción definitiva al médico responsable.


En octubre del año pasado, el Pleno del Senado de la República avaló con 75 votos a favor, cero en contra y una abstención, establecer que no se castigará a las y los profesionales de la salud, cuando realicen todo lo necesario, con apego a los protocolos ya establecidos, para salvaguardar la integridad física o vida de un paciente.


El proyecto de decreto establece que aquellos médicos que actuaron de manera dolosa, sin apego a protocolo, y que se encuentre bajo los Influjos de alguna sustancia que no le permita realizar su actividad con apego a la normatividad aplicable o en su caso hayan abandonado al paciente, serán sujetos a la legislación penal aplicable.




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