“Por el bien de todos, primero los pobres” fue una de las consignas electorales con las que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo campaña. Su comunicación constantemente enfatiza la importancia de evaluar la vida económica del país no solo por medio de los indicadores tradicionales, sino de variables que permitan conocer el bienestar y el bienvivir de la población.
A cuatro años del gobierno encabezado por López Obrador, ¿cómo vamos en términos de progreso social?
Antes del inicio de la administración y entre 2015 y 2018, se registró un avance acumulado a nivel nacional de casi dos puntos: el puntaje nacional de progreso social se estimó en 64.8 puntos, 2018 fue el año de mejor desempeño del que se tiene registro. En el periodo, 30 de las 32 entidades registran una mejora en su puntaje: 8 de estas aumentaron 3 puntos o más su Índice. Si bien existían retos importantes a los que se enfrentaría el entonces gobierno electo, parecía haber una tendencia positiva en el progreso social en México.
Sin embargo, a partir de 2019 la tendencia positiva observada comienza a revertirse; situación que empeora en los años posteriores debido al impacto negativo que tuvo la pandemia en, al menos, dos ámbitos: la salud y el mercado laboral.
Para 2021, el puntaje de progreso social en México se estimó en 63 puntos —muy similar al estimado en 2015 de 62.9. Es decir, en los primeros tres años de la administración -entre 2019 y 2021- se perdió lo ganado tanto a nivel nacional como en 30 de 32 entidades de la república.
La sustitución del programa de cobertura para personas sin derechohabiencia denominado Seguro Popular, que atendía a 53.5 millones de personas (44.7% de la población) al cierre de 2018, por el Insabi con una cobertura de 35.5% de la población en 2020, que en abril de 2022 se anunció una nueva sustitución por IMSS Bienestar con una cobertura de 11.6 millones de personas en febrero de 2022. A pesar de que la cobertura del INSABI debía ser para todas las personas sin otro servicio de salud, la carencia por acceso a servicios de salud, medida por CONEVAL, pasó de 16% en 2018 a 28% en 2020. Es decir, que la proporción de personas que no tenían acceso a servicios de salud aumentó 75% en apenas dos años.
El cambio en la lógica de otorgamiento de los programas sociales, muchos de los cuales dejaron de ser apoyos focalizados para hacerse universales, como la pensión a adultos mayores, pero que en los hechos acabó por incrementar las transferencias a los hogares de mayores ingresos, desprotegiendo a los de menores ingresos, ya sea por una deficiente identificación de quienes necesitaban el apoyo en parajes rurales y remotos, o por otras ineficiencias.
Los Programas Integrales del Bienestar de este gobierno, que responde a entregar transferencias directas de recursos a grupos heterogéneos de personas bajo el argumento de la universalidad de la cobertura, pero con deficiencias en la implementación y sin ofrecer mejores servicios de salud, educación o transferencias focalizadas. Estas medidas poco han contribuido a prevenir, mitigar y atender los riesgos de pobreza que enfrentan las personas.
La eliminación de intervenciones que mejoraban la calidad de vida de las mujeres y su participación en el mercado laboral. En 2018 el programa de estancias infantiles daba servicio de cuidados para infantes a las madres trabajadoras, asignando 4,400 mdp anuales; para 2021, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres trabajadoras —sustituto del programa de estancias infantiles— tenía presupuestados 2,684 millones pero solo gastó 2,413 y no ofrecía el servicio, solo la transferencia directa por un monto de 1,600 pesos bimestrales por cada niña o niño registrada.
Si bien la llegada de la pandemia en 2020 tuvo un indudable efecto en la economía y en el progreso social en el largo plazo, la falta de respuesta oportuna por parte del gobierno federal durante el primer año de la pandemia y gobiernos locales ante la crisis sanitaria y económica, aumentó la magnitud de la pérdida en el bienestar de las familias. Acciones u omisiones como el no redireccionar el gasto asignado a proyectos de infraestructura para proteger a la población más vulnerable tuvo consecuencias en la pobreza laboral, el acceso a servicios de salud, el rezago educativo, por nombrar algunos, ralentizando el proceso de recuperación de la economía nacional y de los hogares:
En resumen, el crecimiento económico y el ingreso suficiente de los hogares son elementos muy importantes para el incremento del bienestar de las familias, pero se requieren mejores intervenciones del gobierno y servicios públicos de calidad para garantizar una mejor calidad de vida para todas las personas.
México cómo vamos