México recibirá en agosto por primera vez la visita de la relatora de Naciones Unidas para desplazados internos, un fenómeno presente en el país desde hace décadas aunque los gobiernos anteriores no lo habían reconocido.
Rocío González Higuera, jefa de la Unidad de Política Migratoria, que depende de la Secretaría de Gobernación, hizo el anuncio el jueves durante la presentación de un libro sobre el tema y dijo que la visita de la alta funcionaria, la filipina Cecilia Jimenez-Damary, representa un gran cambio después de años en los gobiernos mexicanos se cerraron al escrutinio internacional en diversos temas de derechos humanos.
El actual Ejecutivo ha reconocido que miles de mexicanos han tenido que huir de sus casas por la violencia, por conflictos entre comunidades o desastres naturales pero todavía no existe un registro oficial que pueda determinar su número y una ley federal que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en septiembre de 2020 está desde entonces bloqueada en el Senado. Según las estimaciones de Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, que pertenece al Consejo Noruego para los Refugiados, en 2021 había más de 59 millones de personas desplazadas dentro de sus propios países en todo el mundo. Casi 380.000 de ellas, en México.
Muchas de estas personas debieron dejar sus casas en los estados de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Zacatecas o Jalisco, donde hay una fuerte actividad de distintos grupos de la delincuencia organizada pero también en lugares como Chiapas o Oaxaca, donde se une la presencia de grupos armados con problemas comunitarios de décadas.