Manuel Ajenjo
El tema de mi colaboración está motivado por una de las 20 iniciativas de reforma constitucional el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados para que en el tiempo que resta de la actual Legislatura se analicen, se discutan y, en su caso, se aprueben o se desaprueben. De suceder esto último, AMLO tiene la esperanza de ganar en los próximos comicios las dos terceras partes, cuando menos, de las 500 diputaciones para que durante el mes de septiembre y antes de que él se vaya donde ha dicho que se irá y sus oponentes lo mandan todos los días, sean aprobadas y así dejarle, para bien y para mal, el paquete a quien lo suceda.
La frase que encabeza este texto no es mía —qué más quisiera— es de Charles Louis de Secondat, señor de la Bréde y barón de Montesquieu (1689-1755). Montesquieu —para los cuates— un filósofo y jurista francés, que está enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa y como teórico de la separación de poderes dentro del Estado. (Lo anterior lo afirmo con la seguridad que me da estar a dos consultas de obtener mi doctorado en Wikipedia).
También, aunque por otro medio, he consultado a Giovanni Sartori (1924-2017) investigador italiano de la ciencia política, quien fuera profesor emérito de la Universidad Columbia de Nueva York y de la Universidad de Florencia.
Con este par de padrinos y con el auxilio y guía del abogado Fortino Delgado Carrillo, ideólogo de la división de poderes en la democracia, me hago a la mar de las conjeturas para expresar mi desacuerdo, en concreto, con la iniciativa que propone: “los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por legisladores serán electos de manera directa por el pueblo”.
Lo anterior equivale a que el Poder Judicial caiga en manos de los partidos políticos, en este caso del partido mayoritario que es el del presidente y, por lo tanto, se convierta, como sucede con los legisladores emanados de ese partido, en peones de brega del Ejecutivo.
“La diferencia entre democracia y lo contrario a ella —dice Sartori— radica en el hecho en que en la democracia el poder está distribuido, limitado, controlado y se ejerce en rotación, mientras que en la autocracia el poder está concentrado, es incontrolado, indefinido e ilimitado”.
Montesquieu entra al razonamiento: “Todo hombre que tiene el poder se inclina por abusar del mismo; hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de éste, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder. De este modo, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos ya que cada uno controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás”.
Nuestra democracia es incipiente e imperfecta, de ahí que sea un peligro para la misma que por un cuestionable ‘voto mayoritario’ sean elegidos los tres poderes de la República. Eso podría ser un retroceso a los tiempos de la hegemonía priista donde no se movía un papel sin la autorización del señor presidente.
Tampoco estoy defendiendo a ultranza al Poder Judicial, sus prerrogativas y altísimos emolumentos. Consciente estoy de que está constituido por seres humanos y no por ángeles; es necesario hacer una revisión de sus ingresos monetarios y prestaciones acordes con la realidad económica del país. También la democracia dicta que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, no deben constituir una intocable casta aristocrática.
Lo que hace falta es buscar para ocupar esos cargos, con la lámpara de Diógenes, mujeres y hombres que además de la preparación que requieren dichos empleos, sean probos y que amen la justicia y la patria.
Punto final
Lo dijo Bertolt Brecht (1898-1956) “Muchos jueces son absolutamente incorruptibles. Nadie puede inducirlos a hacer justicia”.
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